En el momento en el que escribo esto, el número de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, asciende a treinta y nueve; cuarenta y ocho heridos permanecen ingresados, algunos de ellos con pronóstico grave. ¿Qué ha ocurrido? Si hablamos de una desgracia que no pudo evitarse o si hablamos de otra cosa, eso no va a cambiar el hecho de que esas personas han muerto: la tragedia para ellos, que ya no están, y para sus familiares, ahí va a quedar. Decenas de vidas han quedado truncadas sin remedio. Pobre gente, Dios mío.
Pero sí hay una distancia sideral entre un supuesto u otros. La distancia que existe entre la responsabilidad y la culpabilidad. De cerca, malditos sean los hados, conozco el accidente del Alvia de la curva de Angrois, al lado de Santiago de Compostela, en 2013. De cerca conozco, sí, la dolorosa travesía en el desierto que han transitado desde entonces los familiares de los fallecidos, víctimas que han sido ninguneadas, silenciadas, apartadas y boicoteadas de un lado a otro, por unos y por otros, intentando que esa diferencia entre responsabilidad y culpabilidad quedase en nada, como así ha sido, prácticamente.
Porque si hablamos de infraestructuras, como debió quedar claro tras lo de Angrois y no quedó, hablamos entonces de dineros, de responsabilidad, de competencia, de gente que debería tomar decisiones cruciales con conocimiento de causa. Si en la ecuación empiezan a entrar variables tales como avisos desde hace meses de que esto podía ocurrir y que han sido desoídos, hablamos de otra cosa. Si los dinerales destinados a que las vías garanticen la seguridad y el buen fluir de los trenes se estuviesen yendo a otros lados –bien sean otras infraestructuras foráneas o bien sean sueldazos, partidas distraídas o cualquier otro modo de no dedicar el enorme montante a lo que debe destinarse– entonces hablaríamos de otra cosa. Porque entonces, en efecto, habríamos recorrido el significativo y determinante trecho que separa la mera responsabilidad de la culpabilidad.
¿Quién está al cargo de qué? ¿Se trata de técnicos, de gente capaz, que vela por el correcto funcionamiento de las cosas, o hablamos de personas sin capacitación que han sido puestas en aras del nepotismo, del enfuchismo? ¿Están claras las cuentas, los presupuestos destinados a cada asunto? ¿Va a dar alguien la cara, a asumir responsabilidades, por acción o por omisión? No creo que tarden –de hecho, creo que esto ya se ha dado– en repetir el mantra de que no hay que politizar una desgracia. Pero, ¿quién politiza, entendiendo politizar como el aprovechamiento por parte de gente afín a un partido político o a otro?
¿Ha sido un desgraciado accidente sin más, en cuyo caso también habría que pedir responsabilidades, que algunas habrán de conllevar el cargo y el sueldo y los privilegios a él adosados? ¿O ha concurrido una serie de irresponsabilidades que ha provocado que las infraestructuras no sostengan la seguridad? ¿Ha habido avisos, insisto, precedentes, voces clamando en el desierto que no fueron escuchadas?
Escucho la petición de dimisiones, como si eso arreglase algo y como si eso fuese suficiente. Si asistimos a las consecuencias de un sistema inoperante dedicado a otros menesteres, entonces, ¿qué se arregla con una dimisión y con cambiar un muñeco por otro? Si el caso viene provocado por un deterioro material derivado de un deterioro institucional, entonces es otra cosa, otra cosa, otra cosa, y lo que hay que exigir no es una dimisión, sino otra cosa, otra cosa, otra cosa. Hasta que no cesen las causas, en tal caso, no cesarán los efectos. Y si es así, si esto se debe a una desidia derivada de la desidia institucional, lo que ahora ha ocurrido no es más que una desgracia más entre las tantas que hemos visto, vemos y veremos: en lo tocante a infraestructuras, pero también en la convivencia, en las calles, en lo económico, en lo sanitario, en lo educativo… ¿Es una cosa o es otra, otra, otra? ¿Responsables o culpables? Pobre gente, Dios mío. Y si es otra cosa, la otra cosa, pobres de todos nosotros.